ste martes 15 de noviembre de 2022, se conoció la apertura de un nuevo caso contra la nación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—. La causa de esta investigación son 25 crímenes cometidos por paramilitares en Córdoba entre 1998 hasta 2004 y los pocos avances presentados en las indagaciones por parte del Estado para determinar quiénes perpetraron tales asesinatos.
Concretamente, el organismo internacional abrió este proceso por falta de claridad en los hechos cometidos, en su mayoría, por las Autodefensas Unidas de Colombia. Al respecto, pesquisas han señalado que algunas de las víctimas fueron asesinadas con casi 20 disparos. Sin embargo, pese a la crueldad con la que fueron acribilladas estas personas, los organismos judiciales ordinarios no han avanzado en sus labores para determinar cómo ocurrieron los hechos, por los cual se estaría cometiendo una omisión.
Para la CIDH, hasta la fecha los mecanismos penales nacionales no han resultado eficaces “para lograr el resultado esperado”. A su vez, detallan en la decisión que, a su juicio, “no corresponde que dichas personas utilicen recursos adicionales a la denuncia penal, toda vez que el Estado no ha demostrado que existan vías ordinarias no utilizadas que permitan subsanar las violaciones alegadas”.
Uno de los últimos casos que la CIDH aceptó contra el Estado colombiano fue la desaparición forzada de dos defensores de derechos humanos que habrían sido secuestrados y desaparecidos por agentes de la fuerza pública y paraestatales en octubre de 2000 en Medellín. En esa época trabajaba el general (r) Mauricio Santoyo como comandante del Gaula de la ciudad, motivo por el cual sobre él también recayó esa investigación.
Desde 2002, familiares de ambas víctimas radicaron solicitudes ante la entidad para aseverarles que funcionarios de la seccional Gaula de Medellín les habían interceptado las líneas telefónicas. En esa medida, también sostuvieron que Fiscalía General de la Nación demoró más de cinco años en involucrar a Santoyo en ese caso pese a que había pruebas que demostraban su responsabilidad en las ‘chuzadas’ contra los defensores de derechos humanos.