El gobierno del entrante presidente Gustavo Petro deberá hacer grandes cambios en cuanto a la financiación de la educación superior si pretende dar cumplimiento a su propuesta de aumentar sustancialmente el acceso a la universidad de manera gratuita.
El ministro de Educación designado, Alejandro Gaviria, tras reunirse con los congresistas del Pacto Histórico en Santa Marta, anunció que desde ya se trabaja en un cambio en el modelo de financiación de las universidades oficiales : “Se ha hablado de posibles reformas legales. La más urgente es la Ley 30 de 1992, de la cual ya hay una iniciativa parlamentaria. La pretensión es poder dar más recursos a las universidades públicas, pero la intención es también amarrar esos recursos a los planes de aumento de la cobertura y al papel que juegan las universidades en el desarrollo regional y territorial”.
Así mismo, el ministro señaló a EL TIEMPO que esto hace parte del objetivo del nuevo Gobierno de aumentar la cobertura en educación superior, para lo cual el primer paso es tener instituciones estables económicamente: “El desafío es con la cobertura para universalizar el ingreso. Van a necesitarse más recursos, seguramente hacerse esta reforma y conseguir mayor financiación”.
Precisamente,la modificación de la Ley 30 ha sido el principal pedido del movimiento estudiantil y de los mismos rectores de las universidades públicas. Lo primero que se deberá atender en el nuevo gobierno, y tal vez el mayor problema del sector, es la falta de recursos en las universidades públicas, que a la fecha tiene a las instituciones con un faltante presupuestal de 15 billones de pesos, de acuerdo con el Sistema Estatal Universitario (SUE, organismo que reúne a las 34 universidades oficiales del país).
Así lo explica Jairo Torres, presidente del SUE: “Hay un desfinanciamiento estructural de la universidad pública.
Este consiste en gran medida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Estos establecen que las transferencias de la nación a las universidades públicas año a año serán con base en un indicador: el índice de precios al consumidor (IPC). El problema es que las universidades públicas hemos crecido en estos 30 años muy por encima de este indicador, lo que corresponde a un desfinanciamiento de más de 3,5 billones de pesos que hemos dejado de recibir solamente en funcionamiento, sin contar, por ejemplo, infraestructura, recursos faltantes, que las universidades han tenido que rebuscar por su propia parte”.
De esta manera, las universidades públicas pasaron de recibir la totalidad de sus recursos en 1992 por parte del Estado a recibir actualmente el 55 por ciento de recursos públicos (de la nación o gobernaciones y alcaldías), y el resto, el 45 por ciento, lo debe costear la propia universidad.
Lo que no se contempló en ese entonces era el ritmo acelerado en que las universidades iban a crecer. De esta forma, solo las universidades públicas (sin contar instituciones técnicas y tecnológicas) contaban en 1993 con 159.218 estudiantes. En el segundo semestre de 2021, de acuerdo con el Ministerio de Educación, este número fue de 638.625 estudiantes, es decir, se multiplicó por cuatro.