El proceso para elegir al reemplazo de Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General de la República entró en la recta final luego que se volviera a barajar la lista de 10 aspirantes, en cumplimiento de una orden judicial que señaló que el criterio de equidad de género no fue tenido en cuenta.
En reunión realizada el sábado pasado, la cual se extendió por cerca de 6 horas, la comisión accidental del Congreso de la República creada para este proceso designó a cinco hombres y cinco mujeres, que, según el cronograma inicial, serán escuchados por el Legislativo el 26 y 27 de julio, para luego votar y elegir el 3 de agosto.
La nueva lista fue elaborada, explica la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, teniendo en cuenta aspectos como la puntuación que sobre los candidatos hizo en materia de experiencia y hoja de vida la Universidad Industrial de Santander (UIS), encargada de hacer la prueba de conocimiento a los aspirantes.
Ese examen fue presentado el 28 de febrero por los 195 admitidos, de un listado inicial de 2.010 inscritos a la convocatoria pública. Al final salieron 20 personas, que fueron escuchadas por el Congreso en abril.
Entre esos candidatos se eligió la primera lista que fue cuestionada por 21 congresistas del Pacto Histórico y fue objeto de dos acciones judiciales en contra: una tutela ante el Tribunal Superior de Medellín y una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El próximo martes 26 de julio de 2022, ante la nueva composición de la Cámara de Representantes, y el miércoles 27 de julio de 2022, ante el Senado de la República, serán entrevistados los aspirantes.
Las plenarias escucharán por separado y por el tiempo que señale la mesa directiva a cada uno de los candidatos. Ese día se deberá hacer la citación para la votación.
Ahora bien, el Congreso anunció que impugnará las decisiones que obligaron a hacer la modificación de la lista inicial, lo cual, en principio, no afectaría la agenda o la elección de este cargo, pero podría de todas maneras darle un giro al proceso en caso de que se revoque el fallo del tribunal de Medellín.