Después de recibir 19 denuncias ciudadanas, y en su labor de entidad
fiscalizadora, la Contraloría General de Risaralda inició procesos de
seguimiento a 174 contratos que han sido celebrados desde que se decretó
la emergencia sanitaria en el país y que, al parecer, podrían incluir
sobrecostos de alimentos y pagos indebidos en la atención de la
emergencia.

El contralor de Risaralda, Álvaro Trujillo, aseguró que estas presuntas
irregularidades están siendo investigadas en las administraciones
locales de los doce municipios diferentes a Pereira y Dosquebradas,
debido a que esas localidades tienen sus propias Contralorías
municipales; además, están investigando contratos de la Gobernación.

«Tenemos 19 denuncias por presuntos sobrecostos en la canasta familiar y
por algunos contratos que, por encontrarse en los términos de la
urgencia manifiesta, no se podían llevar a cabo; por ejemplo, llamar a
menores de edad para llevar a cabo con ellos actividades de recreación.
Estamos revisando 174 contratos de manera detallada y precisa», indicó
el contralor.