El fiscal general, Francisco Barbosa, les dio la orden a sus delegados
ante la Corte Suprema de que le inicien indagaciones a mandatarios
aforados que han firmado o autorizado contratos con presuntos
sobrecostos, suscritos en plena pandemia.
Se está cruzando información en tiempo real con el equipo que lidera el
contralor Felipe Córdoba y con el del procurador Fernando Carrillo, que
ya dio vía libre para pedir que se suspendan los primeros contratos en
alcaldías.
Pero hay otra carrera contra el reloj ligada a este tema. Se ha ubicado
a varios de los proveedores detrás de estos mercados y kits de aseo, y
estableció que algunos los están ajustando de común acuerdo con los
entes de control, para bajar precios o aumentar ayudas.
Otros, sin embargo, insisten en que la emergencia sanitaria disparó los
costos de los productos y en que van a probar que están actuando de
manera transparente.
Uno de los contratos lo firmó, la última semana de marzo, la alcaldía de
Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo (de Cambio Radical y heredero
de la casa Char). Aparece como proveedor Servicios de Alimentaciones,
con una larga trayectoria contractual en la región.
Se acordó el desembolso de 18.000 millones de pesos a cambio de entregar
300.000 mercados a población vulnerable.
Pumarejo justificó los precios, pero veedores locales los compararon con
los que ofrecen tiendas corrientes y concluyeron que lo que se reparte
se puede comprar por un 20 por ciento menos.