septiembre 24, 2021

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En 8 años solo se ha reparado el 13 por ciento de las víctimas

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En junio del 2021 la ley de víctimas –una de las políticas clave y más ambiciosas del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos– llegará a su fin.

Esta norma, conocida también como la ley 1448 de 2011, reconoció por primera vez en el país la existencia de un conflicto armado y ordenó la reparación de las víctimas que ha dejado el conflicto, así como la restitución de tierras despojadas.

La ley contempló un plazo de 10 años, y aunque se le está agotando el tiempo, tiene varias de sus principales metas rezagadas. Esa es la razón principal por la cual los exministros del Interior del gobierno de Santos –Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera– presentaron una demanda contra la ley de víctimas, específicamente contra el artículo que establece su vigencia.

Este jueves, en una audiencia pública en la Corte Constitucional, Cristo aseguró que la ley tiene una relación directa con el cumplimiento del acuerdo de paz, específicamente en la reparación de víctimas, por lo que debería ampliarse por lo menos hasta la vigencia de ese acuerdo, es decir, hasta el 2030.

“La extinción de la ley generaría una violación grave de derechos fundamentales. En lugar de fortalecerse y ampliarse la oferta de medidas de reparación, se estaría cesando el accionar de dichos mecanismos, lo que contraría de forma evidente la estructura constitucional que se diseñó para la implementación del acuerdo de paz”, dijo Cristo.

El exministro también planteó que si la ley se acaba es porque se terminan sus 10 años, “no porque se hayan cumplido sus objetivos”.

La ley ha reconocido a 8,8 millones de víctimas, de las cuales 7,1 pueden ser sujeto de reparación.

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