Foto/Función Pública
La Procuraduría General de la Nación, PNG, citó a audiencia a la alcaldesa de Calarcá, Yenny Alexandra Trujillo Alzate y a las exsecretarias de Asuntos Administrativos, y de Servicios Sociales y Salud, Diana Lucía Orozco Poveda y María Fernanda Arbeláez Valencia respectivamente, por presuntas irregularidades en un contrato de transporte escolar.
Al parecer, las investigadas habrían participado en la etapa precontractual del proceso de licitación pública No. 01 de 2016, que dio origen al contrato de prestación de servicios 137 de 2016 celebrado entre la alcaldía de Calarcá y la empresa Transportes Granada S.C.A., en el cual se habrían presentado sobrecostos.
De acuerdo al comunicado de la PGN, las implicadas habrían podido afectar el patrimonio del municipio, desconociendo con esta posible conducta, los principios de transparencia, y responsabilidad que rigen la contratación pública, contemplados en la Ley 80 de 1993.
Entre las presuntas normas transgredidas se citó el numeral 2º., artículo 5º. de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 que establece que la oferta más favorable es aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada (…) contenida en los pliegos de condiciones (…) resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.